Jorge Treviño

La reciente aprobación de la reforma a la Ley del Infonavit, en el Senado de la República, ha generado profunda preocupación en diversos sectores de nuestra sociedad, pues, en lugar de fortalecer a esta emblemática institución, amenaza el principio de tripartismo que ha garantizado su buen funcionamiento, poniendo en riesgo los ahorros de millones de trabajadores mexicanos.

Desde su creación, hace más de 50 años, el Infonavit ha sido un pilar fundamental para el acceso a la vivienda en México. Sin embargo, los cambios aprobados, lejos de garantizar mayor transparencia y eficiencia, podrían abrir la puerta a decisiones unilaterales y a un uso discrecional de los recursos. En ese sentido, la creación de una empresa filial para la construcción de viviendas, sin mecanismos claros de supervisión, representa un riesgo significativo para los derechohabientes.

No debemos perder de vista que lo que está en juego son los ahorros de los trabajadores y, que quede muy claro, estos fondos no son activos disponibles para otros fines, sino el fruto del esfuerzo de millones de ciudadanos que confían en que el Instituto los administre de manera responsable y transparente. Sin embargo, la posibilidad de que sean destinados a la adquisición de terrenos y construcción de viviendas, sin un sistema de rendición de cuentas sólido, genera un gran nivel de incertidumbre y desconfianza.

Ante tal situación, es indispensable que los representantes de los diversos sectores involucrados en el Infonavit defiendan con firmeza los intereses de sus representados y del país. Por otra parte, los legisladores tienen la responsabilidad de escuchar y considerar las preocupaciones de la sociedad, tomando decisiones incluyentes y alejadas de intereses partidistas.

El sector empresarial, a través de organismos como COPARMEX, ha alzado la voz, pero es necesario fortalecer la unidad y la representatividad para lograr mayor impacto. Por su parte, el sector laboral es el más afectado y, por ello, debe liderar esta defensa; asimismo, los sindicatos tienen la obligación de informar a sus agremiados sobre los riesgos de la reforma y de actuar con determinación para evitar consecuencias negativas.

El mayor peligro de haber aprobado esta reforma en sus términos actuales es que el Infonavit podrá manejar los fondos de los trabajadores como si fueran propios, comprometiendo su sostenibilidad y limitándoles el acceso a la vivienda. Esto podría derivar en impactos económicos y sociales profundos.

No podemos olvidar que México enfrenta grandes desafíos externos, y, en este contexto, es crucial garantizar estabilidad y certeza al interior del País. No podemos permitir la aprobación de iniciativas que pongan en jaque el progreso de nuestra nación. La defensa del Infonavit no es solo una cuestión sectorial; es un asunto de justicia y responsabilidad hacia el futuro de millones de trabajadores.

Finalmente, las preocupaciones de los diversos segmentos son genuinas, pues está en juego uno de los mínimos universales consagrados en nuestra Carta Magna: el acceso a la vivienda digna, por lo que se debe proteger este principio que privilegia la calidad de vida de nuestra población.