Jorge Treviño

El 21 de febrero se publicó una reforma a la Ley del Infonavit, con cambios significativos en la gestión de los créditos hipotecarios y en las responsabilidades de empleadores y colaboradores. Estas modificaciones buscan ampliar el acceso a la vivienda y mejorar las condiciones de financiamiento; sin embargo, también presenta desafíos que requieren un análisis detallado, especialmente en lo que concierne a los descuentos aplicados a los salarios de los colaboradores.​

Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la obligación impuesta a los empleadores de continuar realizando los descuentos correspondientes a los créditos del Infonavit, incluso cuando el trabajador se encuentre ausente o incapacitado. Anteriormente, estos descuentos se suspendían, pero con la nueva legislación, los patrones deben seguir efectuándolos y enterándolos al Instituto, independientemente de la situación laboral del colaborador. ​

Además, se ha establecido un límite del 30% del salario para las rentas en esquemas de arrendamiento social del Infonavit, aplicable a trabajadores que perciben el salario mínimo. Esta medida busca proteger el ingreso de los colaboradores, garantizando que los descuentos no excedan un porcentaje que comprometa su subsistencia. ​

La reforma introduce una carga financiera adicional para los empresarios, quienes ahora deben enterar los pagos de los créditos del Infonavit durante los periodos en que el trabajador no perciba salario por incapacidad o ausencia. Esto puede generar tensiones en la relación laboral si no se establecen mecanismos claros para la recuperación de estos montos por parte del patrón.

Para los colaboradores, existe la preocupación de que, en ausencia de ingresos, los descuentos puedan afectar su economía personal. No obstante, el Instituto ha aclarado que, en casos donde el trabajador no genere ingresos, no se pueden efectuar descuentos ni pagos del préstamo habitacional, reforzando el principio de que nadie está obligado a lo imposible. ​

Expertos señalan que la reforma podría comprometer los ahorros de los trabajadores y aumentar la cartera vencida del Infonavit, similar a lo ocurrido con el Banco del Bienestar, donde una proporción significativa de los préstamos no se recupera.

Además, la falta de claridad en las reglas operativas para la implementación de estas reformas puede generar incertidumbre tanto para empleadores como para trabajadores. Por ello, es fundamental que el Infonavit emita lineamientos precisos que orienten a las empresas en la correcta aplicación de los descuentos y en la gestión de las nuevas obligaciones, evitando así posibles sanciones o conflictos laborales. ​

En Conclusión, las autoridades deben establecer los mecanismos claros y equitativos que permitan a las empresas cumplir con sus nuevas obligaciones sin comprometer su viabilidad financiera. Asimismo, garantizar la protección de los derechos de los trabajadores, asegurando que las medidas implementadas no afecten negativamente su bienestar económico.​

Solo a través de un diálogo abierto y constructivo entre el sector empresarial, los trabajadores y el gobierno, podremos enfrentar los retos que plantea esta reforma.