Por Chava Carrejo

La reciente aprobación de la Reforma al Poder Judicial marca un primer paso en lo que claramente parece ser una estrategia más amplia para debilitar los contrapesos democráticos en México.

Esta reforma no es un hecho aislado, sino el comienzo de un plan diseñado para concentrar el poder en el Ejecutivo, con tintes autoritarios y con la clara intención de perpetuar al partido en el poder por un largo tiempo. Se abre la puerta a un nuevo régimen que busca consolidarse mediante la erosión de las instituciones que históricamente han servido como baluartes del Estado de Derecho.

Si bien Morena y sus aliados obtuvieron una victoria contundente en las pasadas elecciones, es importante señalar que la mayoría calificada que les permitió aprobar esta reforma fue lograda de manera artificial.

Las decisiones de las autoridades electorales y, de manera aún más lamentable, la estrategia de “compra” de voluntades de los senadores que les faltaban en el Senado son evidencia de cómo se distorsiona la democracia para conseguir fines particulares. Este debilitamiento institucional no solo afecta al Poder Judicial, sino que crea un precedente peligroso para futuras reformas que puedan seguir el mismo camino.

Por otro lado, es necesario reconocer que la oposición está cosechando los resultados de años de descomposición interna. Durante mucho tiempo, sus órganos de gobierno fueron capturados por grupos de poder que antepusieron sus intereses personales por encima del bien común.

El resultado es un bloque opositor desarticulado y sin una visión clara, que se enfrenta a la irrelevancia en los próximos años. La coalición gobernante ya ha demostrado que no tiene intención de ceder, ni siquiera de escuchar a la oposición, lo que profundiza la crisis democrática en la que se encuentra el país.

En este momento, el camino está allanado para que las reformas restantes del presidente López Obrador, muchas de las cuales tienen como objetivo consolidar a Morena en el poder, se aprueben con la misma facilidad. La estrategia es clara: debilitar los contrapesos, reducir el espacio para la crítica y fortalecer el control del Ejecutivo sobre los demás poderes y sobre la vida pública del país.

Frente a este panorama, las organizaciones de la sociedad civil se perfilan como la última línea de defensa de la democracia. No solo deben enfocarse en contener el avance de las reformas autoritarias, sino que también deben proponer soluciones constructivas que fortalezcan el Estado de Derecho y protejan las libertades fundamentales.

En este sentido, desde COPARMEX hacemos un llamado a la sociedad organizada a formar un frente común que defienda los principios democráticos y los derechos que tanto esfuerzo ha costado construir. No podemos permitir que México retroceda a un régimen autoritario. Ahora más que nunca, necesitamos unidad, claridad de propósito y acción decidida para salvaguardar nuestro futuro.

Es crucial recordar que la fortaleza de una democracia no radica solo en las instituciones gubernamentales, sino en la capacidad de la sociedad para resistir y exigir rendición de cuentas. Este es un momento clave para demostrar que en México aún hay esperanza y compromiso con la justicia y la libertad.