Por Chava Carrejo

Gran controversia ha generado la iniciativa de reforma constitucional en materia de pensiones, que fue enviada por el presidente de México al Congreso federal y que diputados de Morena y aliados hicieron avanzar de forma muy rápida.

Esta crearía el “Fondo de Pensiones del Bienestar” para completar el ingreso de los pensionados del régimen 97, quienes hoy se pensionan hasta con el 60% de su salario. Según la iniciativa, el 70% de los recursos provendrán del “Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado”, el 25% de utilidades de empresas estatales, y el 5% de la liquidación de Financiera Rural y de órganos autónomos, y de fondos “no reclamados” del sistema de afores.

Pero profundicemos en el tema:

Considero de suma relevancia comentar que la ley ya establece que las afores deben transferir los recursos de cuentas no reclamadas (aproximadamente $40 mil millones de pesos), lo cual de entrada no representa una novedad; basta con exigir el cumplimiento de esta disposición.

Por otra parte, nos alerta que el fondo se plantee como una bolsa común y no de cuentas individuales, como actualmente se tiene en las Afores, por lo que, de esta forma, no se podrá conocer el detalle de intereses ganados o minusvalías, por trabajador.

Respecto a los mecanismos de ingresos del pretendido fondo, resulta que la mayoría de ellos son fuentes no recurrentes. Si este gobierno es inmaculado y no roba, como diariamente lo dice el presidente, solo está lo “robado y recuperado de los gobiernos neoliberales”. Por lo tanto, es un banco de recursos finito, sin recurrencia estable.

Asimismo, al no detallar la propuesta en dónde se invertirán los recursos, se tiene el riesgo que sean invertidos en proyectos como Mexicana de Aviación o el Tren Maya, los cuales no necesariamente tendrían un rendimiento financiero positivo, pues, a la fecha, lejos de generar ganancias, están representando pérdidas importantísimas que lo único que hacen es drenar recursos del erario, pagado todo por nuestros impuestos.

La narrativa oficialista nos dicta que es verdad que esas empresas estatales hoy no tienen utilidades y que en el futuro las tendrán, pero la realidad es que esos proyectos nunca contaron con un plan de negocios viable y realista, y están basados en caprichos personales con una fuerte carga ideológica, muy alejados de una lógica empresarial que respeten los mínimos criterios de rentabilidad y sustentabilidad en el largo plazo

Y en el caso de que algún día muy lejano tuvieran ganancias, justo la lógica empresarial nos indica la necesaria reinversión de las mismas, para garantizar el desarrollo y futuro de esas entidades económicas.

Además, el mismo presidente nos ha repetido una y otra vez que las empresas estatales no tienen finalidad de lucro, sino que su objetivo es brindar “bienestar al pueblo”, por lo tanto, no descansaría muchas expectativas en estas como fuente de financiamiento.

Por mucho, más peligroso es aún el dulce envenenado que viene en la propuesta presidencial: “La liquidación de los órganos autónomos como fuente de financiamiento del pretendido fondo”, cuando estos son un logro de nuestra democracia y su función es ser contrapesos técnicos independientes del gobierno en turno, en transparencia, telecomunicaciones, evaluación de programas sociales, etc.

Nuestro actual gobierno ha demostrado que tiene aversión a cualquier signo de contrapeso, y, por el contrario, da claras muestras de ser obsesivo en la búsqueda de concentrar el poder, y utiliza hoy esta iniciativa para mandarle la señal a la sociedad: que es mejor usar ese recurso para las pensiones que para el fortalecimiento de nuestra democracia, los contrapesos y la justa y debida distribución del poder.