La reciente aprobación de la Reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados es solo el primer indicio del devastador impacto que la sobrerrepresentación habrá de tener en nuestra democracia.

Conceder una supermayoría a Morena, vía una cuestionable interpretación de las reglas electorales, ha puesto en peligro no solo la vida democrática de México, sino también nuestra estabilidad económica y las libertades que tanto trabajo nos ha costado conquistar.

Diversas voces nacionales e internacionales han levantado la alerta sobre los riesgos que conlleva esta reforma. Entre ellos, los embajadores de Estados Unidos y Canadá —nuestros principales socios comerciales— han expresado su preocupación por el rumbo que toma México. Además, organismos empresariales tanto nacionales como extranjeros, inversionistas internacionales y medios de comunicación en todo el mundo han coincidido en que esta reforma representa una amenaza directa a la certidumbre jurídica y a los derechos fundamentales.

No es sorpresa que los mercados financieros ya hayan reaccionado con alta volatilidad. La fuga de capitales y la depreciación del peso frente al dólar son solo las primeras señales de la desconfianza que ha generado este movimiento. Además, casas calificadoras y la ONU han advertido sobre las graves implicaciones, destacando que esta reforma podría violar derechos humanos, exacerbando aún más la incertidumbre que afecta a México.

El núcleo del problema radica en la incertidumbre jurídica que esta reforma genera. En su versión actual, las modificaciones al Poder Judicial debilitan gravemente los contrapesos necesarios para un sistema democrático funcional. Sin la garantía de un Poder Judicial independiente, tanto la inversión extranjera como la nacional enfrentan riesgos significativos, afectando a largo plazo el crecimiento económico y el bienestar social. No es exagerado decir que estamos abriendo la puerta a un ambiente de negocios hostil y una sociedad bajo el yugo de un poder omnipresente.

Además, esta reforma incumple tratados internacionales clave que México ha firmado, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, así como acuerdos con la Unión Europea. Esto no solo pone en riesgo nuestra relación con nuestros socios comerciales, sino que también nos expone a sanciones internacionales que podrían llegar, en un escenario extremo, a la exclusión de México de estos importantes acuerdos comerciales. Las repercusiones para nuestro país serían devastadoras.

No podemos ignorar los ejemplos recientes en América Latina. Países como Venezuela y Bolivia nos han mostrado las consecuencias de permitir reformas que concentran el poder en un solo grupo, eliminando los contrapesos democráticos. La erosión de las instituciones independientes en estos países ha resultado en crisis económicas y políticas, con regímenes autoritarios que controlan todos los aspectos de la vida pública.

Una vez que esta reforma se consolide, México no será el mismo. Nos encontraremos en un nuevo régimen, donde el Estado poseerá un poder desmedido al que los ciudadanos comunes no podremos hacer frente. Sin un Poder Judicial autónomo y con instituciones debilitadas, el abuso de poder será una realidad constante, y las libertades que hoy disfrutamos estarán en peligro.

La apatía y la indiferencia de una gran parte de la ciudadanía ante este momento crucial es frustrante. Mientras nuestra democracia se tambalea, la atención de muchos está centrada en cuestiones intrascendentes, como programas de entretenimiento que distraen de la realidad crítica que enfrentamos. Es imperativo que despertemos y comprendamos que lo que está en juego es el futuro de México, de nuestras libertades y de nuestras oportunidades.

Desde COPARMEX, hacemos un llamado urgente a la sociedad civil para que tome conciencia de la gravedad de esta situación. No es solo una cuestión política, es el futuro de nuestra nación lo que está en juego.